Cuentas corrientes y otras cosillas en parejas de hecho

Partamos de una premisa: las parejas de hecho, o more uxorio, como se dice en términos jurídicos, han decidido no casarse, o no todavía, pudiendo hacerlo. Con lo cual, se están apartando de toda regulación de su patrimonio asimilable a un régimen matrimonial. Desde luego, no están bajo un régimen de gananciales.

“La protección social y jurídica de la familia a que se refiere el art. 39.1 de la Constitución no permite aplicar las normas matrimoniales ni los preceptos de la sociedad de gananciales a las uniones de hecho como reiteradamente ha dicho esta Sala […]”. (STS de 20 de octubre de 1994)

“…Ni la existencia de una comunidad de bienes ni la de otro tipo de sociedad “puede inferirse sólo de la convivencia more uxorio, porque en éstas cabe también aceptar la plena independencia económica de quienes la practican” (STS de 27 de mayo de 1994)

Sin embargo, cometen a menudo un error: se trata de una decisión de hacer las cosas y, desde luego, tan acertada como cualquier otra, sí, pero el error viene de desconocer las consecuencias, de organizarse de esta manera sin pensar en lo que ello puede implicar.

Estoy hablando de abrir una cuenta común en la que ambos depositan sus ingresos.

Esto que estás leyendo viene, precisamente, de una conversación de hace pocos días con un amigo: “me he separado, como sabes no estábamos casados pero teníamos una única cuenta común donde ingresábamos las nóminas y pagábamos todos los gastos… me ha desplumado”.

¿Por qué? ¿Por qué esa idea de compartirlo todo con independencia de lo que gane cada uno? O, dicho en román paladino, ¿en qué coño estabas pensando, Manuel?

-Fue condición de ella al irnos a vivir juntos, me respondió el desprevenido cliente.

-¿Tú ganas mucho más, verdad?

– Sí…

Pues el cliente tenía ya señales luminosas de que podría ser desplumado en un futuro. Y así fue.

Al tener una cuenta común y única, están pactando algo: de sus actos se desprende con facilidad que han llegado al acuerdo de hacer “bolsa común” de todos sus ingresos y pagar los gastos de ambos con ese dinero, con independencia de lo que aporte cada uno a la cuenta. Están pactando, tácitamente, esto es, sin firmar nada pero así se trasluce de sus actos, organizar su patrimonio de esta manera. No se trata sólo de abrir una cuenta común, sino de no tener otras; de compartir todos los ingresos, que es lo que Manuel estuvo haciendo durante casi 10 años, y sufragando así todos los gastos.

Puede pensarse que, al no casarse deliberadamente se ha buscado que no exista una regulación legal sobre su patrimonio y que, por lo pronto, se quieren alejar de toda regulación específica del derecho de familia, y que es un modelo de familia sin comunidad económica, esto es, como un matrimonio en separación de bienes donde cada cual guarda su independencia patrimonial. Pero no. Es que no hay tal independencia y sí han buscado crear una comunidad de bienes.

Pongámonos un poco más técnicos.

Contraria a la idea de comunidad, afirma la STS 416/2011, de 16 de junio:

Esta Sala ha negado desde hace tiempo que entre el matrimonio y la pareja de hecho exista una relación de analogía. La STS 611/2005, de 12 septiembre, del pleno de esta Sala, dice claramente que la configuración de la unión de hecho  y…

“[…] aparece sintéticamente recogida en la sentencia de 17 de junio de 2003, cuando dice que las uniones “more uxorio”, cada vez más numerosas, constituyen una realidad social, que, cuando reúnen determinados requisitos -constitución voluntaria, estabilidad, permanencia en el tiempo, con apariencia pública de comunidad de vida similar a la matrimonial- han merecido el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin equivalencia con el matrimonio, por lo que no cabe trasponerle el régimen jurídico de éste, salvo en algunos de sus aspectos. La conciencia de los miembros de la unión de operar fuera del régimen jurídico del matrimonio no es razón suficiente para que se desatiendan las importantes consecuencias que se pueden producir en determinados supuestos, entre ellos el de la extinción”. 

Los argumentos se fundamentan asimismo en la doctrina del TC, que se cita en la sentencia y se omite aquí para mayor claridad en la redacción.

 Cita esta sentencia de nuestro Tribunal Supremo la dictada por la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, de 10 febrero 2011, en el asunto Korosidou vs Grecia, resuelto por la sección primera del citado Tribunal. En esta sentencia se niega la asimilación pedida con el siguiente argumento: “las consecuencias jurídicas de un matrimonio de una pareja civil -en la cual dos personas deciden expresa y deliberadamente comprometerse- distingue esta relación de otras formas de vida en común. Más allá de la duración o del carácter solidario de la relación, el elemento determinante es la existencia de un compromiso público, que conlleva un conjunto de derechos y de obligaciones de orden contractual. De manera que no puede haber analogía entre una pareja casada y un partenariado civil, y por otro lado, una pareja heterosexual u homosexual, donde los miembros han decidido vivir juntos sin devenir esposos o partenarios civiles”.

¿Entonces? ¿No se está diciendo aquí que no cabe asimilar la pareja de hecho con el matrimonio precisamente porque no se ha eludido caer en esta institución?

Sí. Pero, atención: una cosa es que  no se pueda abordar por analogía la relación de hecho por el mero hecho de existir y otra muy distinta que la pareja no haya dado muestras de su intención de regirse de una determinada manera.

Va contra toda lógica, y contra toda idea de justicia, pretender que, sin pacto expreso, el hecho de cohabitar conduzca a la atribución del 50% del patrimonio generado a cada miembro de la pareja-. Al contrario, es un efecto perverso puesto que, evitando casarse, terminan cayendo en aquello que se pretendía eludir.

Una cosa es que una convivencia, aun prolongada, no implique per se una economía plena en común, porque la única voluntad clara es la de convivir juntos, y otra muy distinta que sí haya expresiones de una voluntad que va mucho más allá de esto. En nuestro ejemplo, Manuel y María Onerosa expresaron durante una década la intención de no reservarse un solo euro para sí, para sus gastos propios, ni tampoco de aportar a la economía familiar unos importes equitativos, que tuviesen o no en cuenta los ingresos de cada uno, por ejemplo, para afrontar gastos comunes. Al contrario, y no podrá decirse que no había acuerdo entre ellos al respecto (forzado por el chantaje emocional, sí, pero libre al fin y al cabo), los años de organización de su economía doméstica deja ver claramente que todos los ingresos eran de ambos con independencia de cuánto aportase cada uno. Un sistema idéntico al de régimen de gananciales donde no se reserva ni un porcentaje ínfimo de los ingresos da cada cual para gastos personales de cada cuál.

-Mira, yo tenía un móvil Xiaomi de menos de 200 euros y ella con su iPhone que jamás se hubiese podido pagar. Porque ambos podíamos disponer del dinero común, que era todo lo que yo ganaba y lo poco que ganaba ella.

¡Pues lo has estado permitiendo, Manuel! Esto no juega en tu favor sino en tu contra.

El problema de mayor calado venía a cuenta del chalet en común y de la hipoteca: Manuel había pagado, según sus cálculos, el 80% de lo devuelto al banco. Ahora, ella había presionado para venderle a él su parte del chalet, esto es, su 50%, habiendo pagado solamente un 20%. Si no, le decía, se lo venderían a un tercero. Y Manuel quería conservar su chalet. También, en el saldo de la cuenta en común. Ella, aun sabiendo que el 80% de esa cuenta era aportado por la nómina de él, le exigía la mitad de lo que hubiese.

No. Manuel nunca ha tenido buen ojo para elegir parejas.

Aquí, conocer el comportamiento de las partes durante la convivencia es imprescindible al efecto de dilucidar si se ha existido un pacto tácito para convertir en comunes los bienes adquiridos durante los años de convivencia, y lo ingresado en sus respectivos trabajos. En este caso, todo apunta a que sí: Manuel ni siquiera tenía una cuenta aparte de la que disponer. Todo era fagocitado por la cuenta común, de donde se pagaba todo: ropa de él y de ella, el iPhone, las vacaciones con viajes por todo el mundo, además de aquellos gastos que suele ser habitual compartir y que suele justificar abrir una cuenta para ello: suministros de electricidad, agua, internet, el IBI, la hipoteca, etc.

En ausencia de hijos comunes, parece lógico pensar que cada cual hará frente a las contingencias que le afecten con cargo a su propio dinero, y que la cuenta común solamente sirviese para los gastos comunes.

Pero esto implica tener 3 cuentas corrientes (de él, de ella y la común), varias tarjetas, gastos de administración que cobrará el banco, engorros varios que se evitan con un “pues una cuenta y ya está, no me vas a robar, que eres el amor de mi vida”. Claro, claro. Evitar engorros no se ha conseguido, ¿verdad?

Podremos estar poco de acuerdo con esto.  Porque, es verdad, que dos personas convivan implica que deban compartir por ello ciertos gastos; y abrir cuenta común es lo más operativo para ello, pero esto parece muy lejos de haber acordado algo cercano a una sociedad de gananciales.

Estamos de acuerdo. Y esta debería ser la postura general. Sin embargo, como en este caso concreto, son muchos quienes optan por esa única cuenta (¡qué falta de intimidad, además!) que, por otra parte, hace imposible saber de quién es cada euro… Ni tendría sentido intentarlo.

La modalidad elegida por Manuel y María Onerosa es una suma de actos concluyentes de socializar no sólo el gasto para levantamiento de las cargas familiares, sino el conjunto del activo de la economía doméstica.

Pueden hacerse otras consideraciones: puede entenderse que, si bien se pactó durante la convivencia compartir ingresos y gastos, y hacía frente a estos en mayor porcentaje quien más ganaba, lo que nunca se pactó es que, si existía ruptura, esa masa de dinero puesto en común debería ser repartido por igual.

“No es preciso un consentimiento expreso en orden a instituir tal comunidad, sino que bastan una serie de actos (jacta concludentia) que permitan evidenciar que fue la voluntad de ambos la que determinó el hacer comunes determinados bienes durante la vigencia de la unión” (STS de 11 de octubre de 1994).

Porque una cosa es pactar el funcionamiento de la pareja mientras esta existe, y otra entender que había un ánimo de repartir el dinero sobrante, en caso de ruptura, al 50%: parece que entender que esas aportaciones a una cuenta común se han llevado a cabo a título gratuito, sin que medie acuerdo expreso en el sentido de favorecer al otro miembro de la pareja es mucho presuponer.

En el caso de que deba procederse al reparto del saldo de la cuenta habrá de realizarse en la proporción correspondiente, teniendo en cuenta las aportaciones respectivas realizadas por cada uno. Si no legase a esclarecerse la procedencia del saldo se habrá de aplicar lo dispuesto en el art. 393.II CC.

El problema no es acreditar de dónde viene cada euro, porque tendremos los ingresos mensuales de nóminas que permitirán calcular sin dificultad. El problema puede encontrarse en los gastos: es cierto que perfectamente habremos de entender que lo gastado en estos años no debe tenerse en cuenta porque, precisamente, la puesta en común era para hacer frente a estos, propios de la convivencia, e incluiremos ropa, vacaciones, etc. Sin embargo, ¿qué sucede si Manuel se ha comprado un coche, un ordenador, bienes que se conservan y han sido abonados con cargo a ese saldo que era común al menos hasta la ruptura? ¿Debe entenderse que cada bien adquirido también es común? ¿Si la cuenta tiene 10.000 euros debe repartirse al 50% y, además, entender que el coche también, aunque quede claro que se ha ido pagando gracias a los ingresos de Manuel, pues María onerosa aportaba tan poco que apenas llegaba para afrontar un pequeño porcentaje de los gastos comunes? ¿No sería eso dar por hecho que existe una sociedad de gananciales, una presunción que va demasiado lejos sin respaldo de documento alguno que pueda acreditar esta intención, distinta de la de compartir los gastos durante la convivencia?

Ya habíamos hecho esto con la casa: puesta a nombre de los dos, como la hipoteca, habíamos entendido que era el acuerdo al que se había llegado a partir de los actos y comportamientos de la pareja en estos años, pero ¿también con el coche, a nombre de Manuel, su ordenador para trabajar y sus relojes, por ejemplo?

Esto implicaría desplazar la regulación propia de la comunidad de bienes para agarrarse a la de un régimen matrimonial inexistente.

Y, ¿qué dice el Código Civil sobre la comunidad de bienes?

Art. 393 CC:

“El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas.

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.”

Y, ante de esto, ¿qué es una comunidad de bienes?

Art. 392 CC:

“Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.

A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.”

En estos casos, como he dicho, la tarea de verificar cada nómina e ingreso mensual de cada uno y establecer un porcentaje es laborioso, pero no difícil, y arrojará un resultado suficiente para fijar qué importe del saldo restante al momento de la separación le correspondería a cada uno. Es, en cualquier caso, lo que se hace con cualquier comunidad de bienes que se extingue y deba liquidarse.

Si el hecho de la convivencia no altera la esencia del régimen de los comuneros, a los miembros de la unión de hecho se les deberían aplicar las reglas generales de la comunidad de bienes. Hoy en día es muy frecuente la adquisición pro indiviso de viviendas entre dos personas conviven sin estar casadas, y la ruptura no es otra cosa, a estos efectos, que la disolución de una comunidad de bienes.

Así, la extinción del proindiviso ordinario no rige para cualquier clase de adquisición, pero sí, y únicamente, para las conjuntas (como la casa) y, siempre a falta de indicaciones que puedan ir en sentido contrario.

Se prescinde, entonces, para formar el acervo común, para después dividir y adjudicar, de la titularidad formal de los bienes siempre, eso sí, que se haya demostrado que existía la voluntad de hacer común todos o algunos bienes adquiridos, gracias a los reiterados actos inequívocos que demuestren tal voluntad.

Si no hay tal voluntad acreditable, sí habrá que estar a lo que cada uno tenga a su nombre.

El elemento decisivo para fijar la cuota de participación de cada uno es el título de adquisición, lo que conste en escritura; que es el 50% como suele suceder, sin olvidar que en la propia escritura se podía haber indicado otra cosa: por ejemplo, que por ser desiguales las aportaciones de las partes, a uno le correspondía el 80% de la titularidad y al otro el 20% restante.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 20.ª, 20-4-2018) tiene dicho, en caso similar pero no idéntico,  que no existe ningún obstáculo para que cualquier comunero (y Manuel y María Onerosa lo son) pueda ejercitar la actio communi dividundo y reclamar a su vez lo que hubiese abonado por ellos y por razón de la copropiedad: en lo que aquí importa, significa que podemos perfectamente ir a la extinción del condominio sin pasar por aplicaciones analógica de los artículos relacionados con el Derecho de Familia.

Dice también:

   “El mero hecho de la convivencia, ni hace surgir la existencia de un régimen económico determinado, ni supone que deba quedar regulada en estos aspectos por alguno de los previstos legalmente para la relación matrimonial.”

Bien. Pero, como venimos diciendo, no es sólo, aquí, el mero hecho de la convivencia, sino los otros hechos (cuenta única).

Sucede, aquí, a nuestro Manuel, que ha habido una aportación continuada y duradera de las ganancias y el trabajo de uno y otro al acervo común. Y que el acervo común lo era todo, por lo que esas aportaciones eran más que significativas, siendo del 100% de los ingresos de ambos. No podrá decir después que en realidad no era compartirlo todo, si lo ha venido haciendo 10 años.

Distinto es el asunto recaído en la Audiencia Provincial de Málaga (AP Málaga, Sec. 6.ª, 17-12-2004), y su fundamentación viene a dejar nuestra postura, a sensu contrario, más clara todavía:

 “Los pagos del precio del piso por el actor contra la cuenta de su exclusiva titularidad desvirtúa el carácter comunal que invoca su pareja en base a la convivencia more uxorio.”

En cuanto al coche, considero que debe quedar fuera de este reparto al 50% pues, si bien el dinero para abonar el precio ha salido cada mes de la única cuenta (común, con lo que hemos dicho que esto implica), sí podríamos acudir aquí a ese porcentaje de ingresos efectuado por cada uno en dicha cuenta, siendo esto más discutible.

La Audiencia Provincial de Córdoba echa por tierra, en efecto, la consideración de existencia de pacto tácito de crear una sociedad de bienes comunes e indiferenciados por el hecho de aportar el sueldo a esa cuenta:

AP Córdoba, Sec. 1.ª, 168/2016, de 1 de abril:

“No se reconoce la voluntad tácita de constituir un patrimonio común constante la relación “more uxorio“, pues las aportaciones del sueldo a los gastos de convivencia no son expresivas de ello, y la conviviente es titular exclusiva de los dos coches”.

Según esto, por cierto, que aportar los sueldos a los gastos comunes no sea expresivo de constituir patrimonio común puede perfectamente hacerse extensivo al saldo de la cuenta. Sin embargo, en el caso de esta sentencia, es cierto que aportaban nóminas a la cuenta común, pero tenían cada uno sus propias cuentas, cada uno la suya, donde iban después transfiriendo diversas cantidades, cada cual para sus gastos individuales. No es el caso de Manuel, como sabemos.

El mobiliario y ajuar, por último, aunque sean adquiridos los bienes por un miembro de la pareja y conste así acreditado con facturas, se viene entendiendo que tales adquisiciones se realizaron con la finalidad de que ambos disfrutaran de ellas, lo que impide calificarlos de titularidad exclusiva del actor.

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