Existen denuncias falsas y simulaciones de delito muchísimo más graves que lo visto en el post  anterior, por supuesto. He visto dos supuestos frecuentes; uno mucho, el otro empieza a serlo un poco, tristemente.

En muchas ocasiones, para construir una coartada ante una posible imputación por un crimen, se denuncian falsamente unos hechos: con frecuencia, el asesino denuncia la desaparición o secuestro de su mujer,  novia o incluso hijos (como en el mediático caso Bretón).  Normalmente, por cierto, esto lleva aparejada una importante indemnización económica por responsabilidad civl, puesto que el estado, a través de la policía nacional, guardia civil, municipal o agentes de seguridad privados habrán puesto en  marcha un despliegue importante. En el  mencionado caso Bretón, éste fue condenado también a indemnizar al Ministerio del Interior del Gobierno de España en 137.335,65 euros y al Ayuntamiento de Córdoba en 22.567 euros, además de a la pena de nueve meses de multa, a razón de diez euros diarios (esto es, 9 x 30 x 10 = 2.700 euros), por lo que se refiere a la simulación de delito y lo que conllevó. Como vemos, la indemnización por todo lo causado a partir de la simulación de delito es más cuantiosa que la pena en sí.

Este es, de lejos, el más frecuente junto con aquello de denunciar robo para cobrar del seguro u obtener un móvil nuevo.

El otro supuesto que nos ha sucedido varias veces es el de un cliente acusado falsamente de abusos sexuales. Sí, falsamente. Sin entrar en la reciente polémica sobre acoso y abuso sexual y si hay tantas denuncias falsas como algunos quieren hacer creer, estos casos que nos han tocado no tienen que ver con cuestiones de género. Y, lo peor, hay menores en el medio.

Estos nacen a partir de una denuncia por parte de padres de alumnos contra un profesor. Por supuesto que no estamos diciendo que en general estas denuncias sean falsas. Decimos que, en lo que  nos ha tocado de cerca, por algún  motivo, se crea  una situación tensa entre un padre y un profesor (aquí podríamos hablar de la desaparición de la autoridad en la figura del maestro, de las múltiples agresiones a éstos por parte de padres, de amenazas, insultos, etc) y   una de las reacciones que están empezando a verse es la de denunciar al maestro por maltrato a su hijo o por abusos sexuales. Con la mala fe que se resume en “ahora te vas a enterar”, no le rajan las ruedas del coche, no le dan puñetazos como en otras ocasiones sucede y, por desgracias, cada vez con mayor frecuencia: acuden a la policía denunciando abusos sexuales a su hijo.

En un caso reciente que todavía no ha sido resuelto y se encuentra en un juzgado de instrucción de Madrid, acudí con el cliente para ver el expediente. No pude: el profesor no había sido imputado todavía (ni lo será muy seguramente). El secretario judicial nos llamó a su despacho y, sin ser demasiado explícito porque no podía serlo (no éramos partes en el procedimiento al no existir una imputación), nos dio a entender que seguramente esta denuncia no prosperaría: seguían adelante las investigaciones, habían recibido al denunciante y, por lo que iban averiguando, tenía tan poco sentido y tanta contradicción lo narrado por éste que, muy seguramente, se terminaría por archivar sin imputación alguna.

Mientras, el cliente es apartado provisionalmente de su puesto habitual de trabajo como maestro dedicando se a tareas de apoyo escolar a otros grupos, pesa la sospecha sobre él, tiene que soportar todo tipo de rumores entre alumno  y padres. Afortunadamente, mantiene una excelente relación con sus compañeros y con la dirección del centro que, por no caer en posibles responsabilidades, se ve obligada a no incorporarle a su puesto. Esta situación lleva ya 7meses.

¿Denunciar al padre que denunció falsamente? Lo que nuestro cliente quiere es volver a su rutina y olvidarse de todo cuanto antes. No cree que le merezca la pena incurrir en más gastos y más molestias aunque, por otra parte le duele que este tipo de actitudes puedan propagarse y que todo quede sin consecuencias, para el padre del niño.

De todas formas, haría falta que el procedimiento concluyese. Solicitaríamos, además de la pena, una indemnización por daños y perjuicios difícil de probar en nuestro sistema judicial pero que, en este caso, entraría dentro del juicio de notoriedad: es de sentido común que existan en estas circunstancias, aunque el juez deberá cuantificarlos.